En 2008, el gobierno egipcio aprobó un decreto que supuso la imposición de determinadas licencias con carácter retroactivo al grupo Cementos La Unión. Poco tiempo después de finalizar la construcción de su nueva fábrica en el país, Egipto reclamó a la compañía licencias de electricidad y de actividad que no se contemplaban al inicio del proyecto, que generó un sobrecoste millonario para la empresa española.
Ante esta situación, Cementos La Unión decidió recurrir en 2013 al arbitraje de inversión, a través del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial), para resolver la disputa.
Tras varios años de negociaciones, la fábrica valenciana ponía todas sus esperanzas en el arbitraje internacional, e iniciaba un proceso de reclamación por un total de 236 millones de euros en concepto de sobrecostes y perjuicios por esas cargas adicionales.
Un resultado adverso para la cementera
El procedimiento de arbitraje iniciado no ha tenido el resultado esperado por la compañía española. El laudo, publicado en octubre de 2020, acepta que Egipto ha incumplido el Tratado Bilateral de Inversiones Egipto-España de 1992, aunque no cree que esta circunstancia otorgue derecho a la empresa española para recibir la indemnización que exige.
Aun así, desde la compañía no se dan por vencidos y piensan seguir adelante con la reclamación. Prueba de esta voluntad es que el pasado día 5 de marzo de 2021 presentaron ante la Secretaría General del CIADI su solicitud para la revisión del laudo.
Los miembros del Tribunal y su postura oficial
Resulta especialmente interesante destacar la composición del tribunal de arbitraje internacional responsable de este caso, formado por:
- Christer Söderlund: el presidente, de origen sueco.
- Charles N. Brower: designado por la empresa, de origen estadounidense.
- Philippe Sands: designado por Egipto, de origen anglofrancés.
La decisión final contó con la oposición del Sr Brower, cuya opinión se adjuntó al laudo como voto particular.
El contexto
Cementos La Unión está presente en Egipto a través de Arabian Cement Company, factoría egipcia de la que es principal accionista (acumula el 60 % del capital). Para la cementera valenciana, y también para la totalidad del grupo al que pertenece, Hormigones Cortés (perteneciente a la familia Bertolín), la filial egipcia supone una parte importante de sus ingresos. El año pasado logró ventas por valor de 165 millones de euros, cifra que representa, prácticamente, la mitad del total de su facturación. En términos de beneficios, unos 3 millones de euros.
Estos números son los que han permitido al conglomerado empresarial de Bertolín compensar la caída que ha experimentado el sector de la construcción en España que , necesariamente, se ha traducido en un descenso en el consumo de cemento. Precisamente por eso, puede resultar clave para la compañía agotar todas las vías para la resolución de este conflicto con el gobierno egipcio.
No obstante, no hay que olvidar que en la actualidad el grupo tiene presencia también en otros países, como la República Dominicana, el Congo y Chile.
Otro caso español en Egipto
El de Cementos La Unión no es la única desavenencia entre Egipto y una empresa española. En concreto, podemos referirnos a una empresa del sector de la energía, Naturgy, que tuvo que acudir también al CIADI para solventar su enfrentamiento con Egipto por la paralización de su planta de gas en Damietta.
Al contrario de lo que le ha ocurrido a Cementos La Unión, en este caso Naturgy sí tuvo más suerte: el Tribunal condenó a Egipto a indemnizarles con 1700 millones de euros.